LA RACIONALIDAD FORMAL COMO ASPECTO LEGITIMADOR DE LA ADMINISTRACIÓN

He de hacerme eco de unas palabras que me han dejado un poco sorprendido, por el descaro de las declaraciones, y más cuando se acerca la época electoral, son las siguientes:

(ABC DE SEVILLA VERSIÓN DIGITAL)

SECTOR PÚBLICO | La Ley de Reordenación, en los tribunales

Díaz Trillo ignora el fallo del TSJA: ‘Egmasa se integró conforme a ley’

  • El consejero anuncia un recurso de la Junta contra el fallo del Alto Tribunal
  • Mario Jiménez (PSOE-A) asegura que la sentencia “es provisional, no definitiva’

Manuel María Becerro | Sevilla Actualizado martes 17/01/2012 17:59 horas

El consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Juan Díaz Trillo, parece que no se da por aludido tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula la integración del personal de Egmasa en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) por suponer una “flagrante vulneración de derechos fundamentales”.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas, Díaz Trillo se ha limitado a remitirse a anteriores pronunciamientos contra otros fallos judiciales en relación a la reordenación del sector público de la Junta, al tiempo que ha asegurado que, frente a lo sentenciado por el TSJA, la integración “se hizo conforme a ley y con toda coherencia”.

El consejero subrayó que su criterio es el que “mantiene también el gabinete jurídico de la Junta”. ¿Eso significa que no asume la sentencia del TJSA, que no la acata? “Hombre. cómo no se va a acatar una sentencia, faltaría más. Estamos en un Estado democrático. También se recurren las sentencias en un Estado democrático“, respondió Díaz Trillo, anunciando el recurso autonómico.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, indicó que la anulación de la integración del personal de Egmasa es “provisional, no definitiva”, al tiempo que recalcó que ésta “en nada compromete en términos jurídicos el proceso de reestructuración del sector público andaluz, que es absolutamente legal”.

En declaraciones a los periodistas en Huelva, Jiménez ha hecho hincapié en que esta reestructuración es “necesaria y va a significar un ahorro de varios miles de millones de pesetas de los presupuestos de la comunidad autónoma, garantizándose el mantenimiento del empleo y la calidad en la prestación de los servicios públicos”.

Todo lo demás, según ha incidido Jiménez, son “diatribas que están intentado poner en marcha por desprestigiar un proceso que ha sido muy favorable para el conjunto de los trabajadores públicos y que ha permitido mantener el empleo y la prestación de servicios”.

Ante esto debo comentar lo siguiente:

1.  A las palabras que la integración se hizo conforme a la ley y con toda coherencia debo matizar lo siguiente: se hizo con una ley ad hoc, para ese caso concreto, cambiando la legalidad para amoldarla a esa reestructuración, pero lo que no di…ce es que esa ley es inconstitucional. Segundo que es coherente con unos intereses partidistas y no con los postulados de un Estado constitucional, ya que si la ley es inconstitucional en ese aspecto, ergo la ley pierde su legitimidad y está hecha en contra del sentir de toda la ciudadanía, donde reside la soberanía de esta querida España.

2. Por otro lado es cierto que se recurren las sentencias, pero en un caso tan clamoroso, es gastar el dinero de la ciudadanía y tiempo de la judicatura (todos recordamos la biblioteca del Prado en Sevilla). En resumen es judicializar un aspecto político. Además, Gabinete Jurídico es una Dirección General que depende de la Consejería de la Presidencia, responde a su estructura jerárquica, al más puro estilo Webberiano.

3. Nadie intenta despretigiar a dicho proceso, ya que él mismo se despretigia, al incurrir en una inconstitucionalidad a todas luces clara. Despretigio en la forma, ya hemos hablado del Decreto-ley que modifica a otro Decreto-Ley, en el fondo, por la manifiesta inconstitucionalidad, y por la finalidad que tiene un  claro interés electoralista.

Pero, y todo esto que tiene que ver con el título del artículo. Pues, tiene que ver. Aquellos que propugnan una Administración eficiente y eficaz, utilizando medios privados, pero con un interés de flexibilización de la legalidad podría llevar a pensarnos en un idea de una legitimación de la Administración, más novedosa, más ágil, acorde con los nuevos tiempos, llenando los ámbitos de discrecionalidad que se descubren ante nuestros ojos administrativos. Pero la historia no es así. Los modelos son antiguos, legitimidad ejecutora de la ley, pero en el fondo evitándola, nada más, ya que lo que aporta esa privatización de lo público, es una puerta atrás para publificar lo privado cuando no queda más remedio. Lo que se llama legalizar la ilegalidad (muy común, en Derecho Urbannístico, sobre todo aquí). Pero si en el fondo hay una legitimidad formal que no es tal, y hay una apariencia de legitimación de calidad administrativa que no es tal (responde a la eficiencia, eficacia, economía, transparencia, participación de la ciudadanía, responsabilidad, cosa que no ha habido según los múltiples escándalos producidos sobre todo en esa Administración paralela), ¿EN DÓNDE NOS ENCONTRAMOS?

Pues, en ningún sitio. Estamos en una legitimación de la Administración concurrente con los intereses políticos, y esto para un poder del Estado Social y Democrático de Derecho, depender de una asociación privada, para atender a los intereses generales, es dificil de conciliar.

Esperemos, que la Administración andaluza, encuentre su camino y su papel, y nos lleve al camino de la calidad, todo esto depende de la ciudadanía y su responsabilidad, ya que todos somos responsables de las instituciones que tenemos y tenemos el derecho a disfrutar de ellas y a que nos sirvan, pero tenemos el deber de velar por ellas, por su independencia. Para esto se debe requerir mayor participación y mayor información. No hay mayor defensor de lo público, que un ciudadano/a informado. Esta persona es el garante de que la Administración no nos recuerde a una cesantía, y la prestación del servicio sea objetiva.    

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Una respuesta a LA RACIONALIDAD FORMAL COMO ASPECTO LEGITIMADOR DE LA ADMINISTRACIÓN

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